LA POLÍTICA ESPAÑOLA EN TORNO A LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. LA POSTURA DE FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA Y LUCAS ALAMÁN

Enrique Plasencia de la Parra

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Ha corrido mucha tinta para explicar cómo el mayor imperio que haya existido, aquel en el que "jamás se ponía el sol" se hubiera desmembrado en menos de tres lustros; asimismo, se ha intentado dilucidar por qué España se negaba a aceptar esta realidad. Es posible que la primera cuestión responda la segunda; era muy difícil aceptar, y más para un carácter como el español en el que predominan valores como el honor y el orgullo, que el otrora gran imperio español se hubiera reducido a una mínima parte. Tanto liberales como conservadores, enemigos a muerte en cuestiones que atañían asuntos internos de la península, coincidían en la necesidad de mantener el dominio sobre sus posesiones rebeldes.

La idea de recurrir a la fuerza militar para sofocar las insurrecciones se inició en Cádiz, durante la Regencia de 1811, a pesar de lo contradictorio que resultaba conciliar los principios de libertad y soberanía de los pueblos con el del uso de la fuerza en contra de sus hermanos americanos. Al sancionarse la Constitución de 1812, surgió la esperanza en los liberales españoles de que el fin del despotismo terminaría con las disensiones en ultramar. El regreso de Fernando VII en 1814 y la retirada del ejército francés de la península permitió reafirmar la solución militar surgida con la Regencia. Durante el trienio liberal (1820-1823) aparecieron corrientes buscando la reconciliación y el reconocimiento, sin lograr nada. La restauración absolutista con ayuda de Francia trajo de nuevo la opción militar, la cual sería preponderante hasta la muerte de Fernando. Pero con los años, calladamente, la necesidad de reconocer la independencia de esos países se hizo más evidente y ya sin el gobierno absolutista surgió como una necesidad imperiosa. La viuda real, María Cristina -regente de la Corona mientras su hija Isabel alcanzaba la mayoría de edad-, deseaba normalizar la relaciones de la península con sus antiguas posesiones. La guerra de Sucesión (guerras carlistas) hizo más urgente esta necesidad. México fue el primer país con el que prosperó esta negociación, firmándose el tratado el 28 de diciembre de 1836, quince años después de consumada la independencia. Durante mucho tiempo la opinión dominante en la península fue la de no otorgar jamás el reconocimiento e intentar, si era posible, la reconquista.

En respuesta, en las naciones hispanoamericanas se dio un movimiento antiespañol muy fuerte, expresado en su manera ideológica en la negación de la colonia como inicio de la nacionalidad, condenando este periodo, asociando los prejuicios tan arraigados de la leyenda negra.

En caso particular de México se intentó la reconquista (expedición de Barradas en 1829) lo que exacerbó la hispanofobia y como consecuencia se decretó la expulsión de los españoles en ese mismo año.

Como contraparte a estas posturas exaltadas, surgieron también ánimos conciliatorios y en este trabajo se intenta estudiar éstos, analizando el pensamiento de dos grandes estadistas e historiadores: por España, Francisco Martínez de la Rosa, y por México, Lucas Alamán.

El presente trabajo no relaciona vidas paralelas, sino a través de ellas conocer cómo sus acciones políticas y su pensamiento, expresados en ensayos y escritos sobre historia, contribuyeron al acercamiento entre España y México, y más ampliamente al de la península con Hispanoamérica, que tanto tiempo tardó en darse.

Comenzaré con las semblanzas de ambos para después abordar la política española hacia sus colonias rebeldes, y la opinión de nuestros autores a este respecto.

Francisco Martínez de la Rosa

Nació en Granada el 10 de marzo de 1787.[ 1 ] Muy consciente de la crítica época de su nacimiento, comenta: "Cabalmente nací al estallar la Revolución Francesa ; como si la suerte, no sé si por fortuna o por desgracia, me hubiese destinado a ser testigo de los graves acontecimientos que en poco tiempo han transformado el mundo".[ 2 ] En 1811 viajó a Londres en busca de pertrechos para los independentistas. Ahí conoció y admiró el sistema constitucional inglés. Escribió en el periódico El Español de Blanco White. Estuvo en Cádiz y participó en la elaboración de la carta constitucional. Perseguido por el régimen absolutista fue encarcelado por ocho años en Gomera (África). Durante el trienio liberal se encargó del gobierno por algunos meses (febrero a julio de 1822). La invasión francesa de "Los Cien Mil Hijos de San Luis" restituyó el poder absoluto de Fernando VII en 1823. Durante casi toda la "década ominosa" Martínez de la Rosa permaneció exiliado en París.

Al morir Fernando VII en 1833, regresó a la política al encargarse al año siguiente de las riendas del gobierno. Elaboró el texto constitucional conocido como Estatuto Real que pretendía restituir el poder a la Corona, pero estableciendo medidas liberales. Progreso y tradición, libertad y orden podían ser armonizados, se rechazaban los principios abstractos como soberanía popular y sufragio universal.[ 3 ] Era la solución "moderada", pero los grupos extremistas abjuraron de ella y en medio del caos y la guerra civil cayó su gobierno, demostrando la imposibilidad de conciliar lo irreconciliable: en dos ocasiones los "puros" atentaron contra su vida, a pesar de que su administración significó la amnistía generalizada. En 1836 regresó a las Cortes. La rebelión progresista de Espartero provocó su destierro a París. A la caída de éste, en 1844, fue nombrado embajador en Francia y en ese mismo año regresó a su país para ocupar la titularidad del Ministerio de Estado. Ello significaba el regreso de los moderados al poder. Ocupó otros cargos políticos y diplomáticos hasta su muerte, ocurrida el 7 de febrero de 1862. Se le conoció también como literato. Fue autor de dos dramas históricos de gran impacto en su tiempo: La conjuración de Venecia y Aben Humeya, de bello estilo poético y con escenas de verdadera energía dramática. Cuando estuvo en París (1840-1843) escribió sobre la historia en su Espíritu del Siglo, donde aborda la historia europea de su tiempo mostrando de paso el profundo conocimiento que tenía sobre política internacional.

Lucas Alamán

Nació en Guanajuato en 1792. En 1814 viajó a España, recorriendo otros países de Europa. Fue electo diputado a las Cortes de Madrid en 1821, y ahí redactó la exposición presentada por los diputados de la Nueva España que actualizaba el plan del conde Aranda para establecer reinos en Hispanoamérica encabezados con príncipes de la Casa de Borbón. La cerrazón de las Cortes a darle solución a este asunto determinó el regreso de los diputados. El prestigio ganado en la península fue conocido en México, recibiendo la cartera de Relaciones Interiores y Exteriores del gobierno provisional que siguió a la caída de Iturbide, puesto en el que siguió durante el primer año de gobierno del presidente Guadalupe Victoria.

Durante la administración de Anastasio Bustamante se ocupó nuevamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1830-1832); fundó el Banco de Avío y promovió la industria en el país. En 1849 presidió el Ayuntamiento de la Ciudad de México. En la última dictadura de Santa Anna fue nuevamente ministro de Relaciones Exteriores, de abril de 1853 hasta su muerte, ocurrida el 2 de junio de ese año. En 1844 comenzó a escribir sobre historia con su obra acerca de los siglos de vida colonial: las Disertaciones sobre la historia de la República Mexicana. En 1846 comienza su monumental Historia de México, en la que ofrece una interpretación muy personal, vehemente y novedosa acerca del movimiento de independencia mexicano.

La regencia y la Constitución de Cádiz, 1810-1814

Señalamos que tanto los liberales como los absolutistas españoles no estaban dispuestos a perder sus posesiones en América, pero tampoco querían otorgar demasiadas concesiones, como lo exigían los americanos. España también luchaba por su independencia (había sido invadida por el ejército napoleónico en 1808) y el reducto liberal más importante estaba en Cádiz. En medio de la lucha, en ese puerto fueron inauguradas las Cortes el 24 de septiembre de 1810. Se buscaba terminar con el Ancien Régime, desmantelar la estructura institucional del pasado y crear las bases de un Estado moderno que descansara en la doble base de la igualdad civil y la soberanía del pueblo. Después de arduas discusiones se estableció un decreto que sancionaba "que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una misma y una sola familia y que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta península".[ 4 ]

En tal sentido, para el Congreso Constituyente de 1812 se estableció la igualdad de representación, pero la definición de ciudadano era determinante para poder votar: dependía de los medios económicos de la persona, del empleo y de las tierras.[ 5 ] Así, la gran masa que componía los territorios hispanoamericanos quedaba fuera de tal categoría; y por tanto de la posibilidad de que sus diputados fueran mayoría en el Congreso (la población de estos países era muy superior a la peninsular). En la realidad, el principio de igualdad quedaba como letra muerta.

Los americanos exigieron el fin del monopolio comercial, pero esto era algo que los liberales españoles tampoco podían ofrecer. Cádiz era el centro de la resistencia contra los franceses y por tanto el peso político que tenía sobre las Cortes era de gran magnitud. Era imposible atender a las demandas americanas sin afectar a los comerciantes gaditanos. Con toda claridad lo expresaba Martínez de la Rosa en su Espíritu del Siglo :

Tal era el resistir de las Cortes y el gobierno en Cádiz, ciudad que había adquirido los mayores títulos a la gratitud de la nación por su lealtad y sacrificios, cuando vino a ser como el postrer asilo de la independencia, pero que, si bien favorecía con el aura popular el triunfo de las ideas liberales en materias políticas, adolecía del achaque diametralmente opuesto, cuando se trataba de las relaciones mercantiles con las provincias de Ultramar, estimado que al sistema restrictivo, hasta entonces vigente, debía la riqueza y lustre que la presentaba a los ojos de Europa como emporio del comercio y depositaria de los tesoros del Nuevo Mundo.[ 6 ]

En forma parecida lo hacía Alamán al referir la discusión sobre la libertad de comercio, materia "delicada por sí, lo era mucho más [ser] tratada en Cádiz, que siendo el puerto desde donde principalmente se hacía el comercio exclusivo con América, la palabra sola de libertad de tráfico ponía en alarma todos los intereses".[ 7 ]

Otro asunto que trataron las Cortes en esa época y que interesaba directamente a los americanos fue la búsqueda de una mediación inglesa para el problema. Dice Costeloe que después de tres siglos de estar tratando de echar fuera de las provincias de ultramar a los extranjeros, los españoles estaban ahora dispuestos a requerir su ayuda para conservarlas, aunque para algunos esto representara una humillante confesión de impotencia.[ 8 ]

Gran Bretaña estaba muy interesada en beneficiarse con el comercio americano, y apoyar las rebeliones del continente era una forma de asegurarlo en el futuro. Además, según Alamán, cabe también la posibilidad de una represalia en contra del gabinete español por la ayuda que éste imprudentemente había dado a los Estados Unidos en el pasado.[ 9 ]

Martínez de la Rosa señalaba la imprudencia española de lanzarse a la aventura de una nueva guerra como satélite de Francia, sin aprovechar las ventajas que pudiera haber conseguido con una actitud neutral; era como alimentar un fuego que tarde o temprano acabaría ardiendo en las propias colonias:

[no] admite duda que la independencia de los Estados Unidos, abriendo una nueva era, cuyo principio nos asombra y cuyas futuras consecuencias no es capaz de abarcar la previsión humana, fue un paso inmenso que se dio para la emancipación de las colonias, que muy en breve lamentó la Francia, y que a su vez y de un modo aún más sensible había de recaer sobre España.[ 10 ]

Cuando Napoleón invadió España las alianzas en Europa cambiaron; la fuerza anglo-española inició su cometido de sacar a José Bonaparte de la península. Pero esto no impidió a la Gran Bretaña llevar una política doble, ayudaba a la independencia española, pero también a la insurgencia en América. Para España esta actitud resultaba intolerable, pero muy a su pesar, tuvo que pedir la mediación de su nueva aliada para intentar resolver los asuntos americanos. Pero la pérfida Albión ponía sus condiciones: la abolición del monopolio comercial. España pedía ayuda económica y militar, además del envío de representantes ante las juntas rebeldes de Buenos Aires, Santa Fe, Venezuela y Cartagena. Gran Bretaña exigía que México quedase incluido, y éste era un punto de gran interés para que prosperara la negociación.[ 11 ] El gobierno español señalaba que esa nación ya estaba pacificada. El gabinete de Saint James insistió en la libertad comercial y en incluir a México, y con una velada amenaza insistía en que a esa provincia debía tratársele de la misma forma, porque sin los suministros de plata que producía, Gran Bretaña no podría estar en aptitud de conservar sus ejércitos en España.[ 12 ]

Pero el gobierno español no estaba dispuesto a negociar sobre la más rica de sus colonias. Al estadista granadino le parecía acertada esta decisión, ya que:

Se desconfiaba de la política de la Gran Bretaña cuando se cruzan intereses mercantiles en sus relaciones con las demás potencias, siquiera sean amigas y aliadas [...]; se temía que, encomendándose la curación al gobierno británico, se enconase la llaga en vez de sanarse; o que si esto se conseguía, exigiese tal premio y recompensa que no pudiera satisfacerse sin perjuicio y desdoro. Motivos todos que de consuno obraron en el ánimo de las Cortes para que no acogiesen con buena voluntad el sospechoso ofrecimiento; y aun mucho menos cuando se propuso extender los buenos oficios de la Inglaterra al reino de México, donde apenas había aparecido alguna chispa de insurrección, prontamente apagada, y cuyo territorio, así por su riqueza como por otras circunstancias era una de las joyas más codiciadas por las potencias extranjeras.[ 13 ]

Al argumento español, siempre tan recurrente, de que México estaba en paz, y el descontento era sólo el de unos cuantos, contestaban los ingleses preguntando por qué seguían suspendidos los embarques de productos que la península necesitaba, y antes México mandara regularmente.[ 14 ] Pero en este asunto se hablaban idiomas diferentes: España de lealtad y Gran Bretaña de comercio. La desconfianza española sería fundamental para el fracaso de la mediación, así como la influencia de los comerciantes gaditanos en las Cortes. Después de casi dos años de negociación el asunto fue archivado en mayo de 1812.[ 15 ]

El consistente rechazo del gobierno de Cádiz acerca de cualquier concesión sobre las cuestiones de una mayor representación americana en las Cortes, de gobierno autónomo en las Indias, o de comerciar directamente con las naciones extranjeras, aunado el fracaso de la mediación inglesa, dejaba a flor de piel el deseo separatista.

La esperanza de que la Constitución aplacaría las disensiones en el Nuevo Mundo eran ilusas; reflejaba el desconocimiento que se tenía sobre los asuntos indianos.[ 16 ] La audiencia, principal agencia gubernamental del absolutismo en España y sus colonias, vio reducidas sus facultades como consecuencia de la separación de poderes establecida por la Constitución gaditana. La reducción de sus facultades en 1812 ocurrió en un momento peculiarmente desafortunado en las Indias. La crítica que hace Alamán resulta devastadora, pues señalaba que de tajo se suprimía "la laboriosa máquina de la administración de Indias obra de la experiencia y el saber de tres siglos [...] dejando en su lugar el caos y la confusión más completa".[ 17 ] De hecho la Constitución, aunque solemnemente promulgada en Nueva España, en muchas de sus partes jamás se aplicó: Venegas suspendió el artículo que establecía la libertad de imprenta, mientras que la Audiencia de México acusaba a las Cortes de imponer un nuevo sistema político en el momento que había una revolución. El sucesor de Venegas, Calleja, también mantuvo en suspenso la libertad de imprenta.[ 18 ]

Alamán criticaba a las Cortes por el excesivo poder que se arrogaban y a la Constitución de 1812 por la forma en que rompía con la pasada estructura política del Estado español. Para él debió haberse formado una segunda cámara, estamental, que diera el equilibrio necesario al poder.[ 19 ] Esta idea, una especie de Cámara de los Lores, era lo que Jovellanos proponía como base de los nuevos principios del poder en su país.[ 20 ] No es gratuito que el capítulo que Alamán dedica a la Constitución española concluya con la noticia de la muerte de este gran pensador: "perseguido por sus compañeros, la moderación y exactitud de las ideas, fue vista con desdén por los espíritus exaltados de las Cortes, las cuales después de muerto lo declararon benemérito de la patria".[ 21 ]

Esta idea de Jovellanos, tan elogiada por Alamán, la plasmaría años después el propio Martínez de la Rosa en el Estatuto Real, al proponer un bicamarismo estilo inglés.

En España mientras tanto, las tropas francesas se retiraban progresivamente de muchas regiones de la península. Al no existir un enemigo común, la oposición empezó a sacar la cabeza, cuestionando muchas disposiciones gubernamentales: las elecciones para Cortes ordinarias, puesto que las extraordinarias ya habían cumplido con su función de dar una ley general al país. En 1813 revivieron a los tradicionalistas y la lucha entre partidos. Las elecciones libres permitieron que los dos representantes de la provincia de Granada fueran el obispo de Almería y el liberal, de veintiséis años de edad, Francisco Martínez de la Rosa, cuyas opiniones difícilmente podían coincidir. El traslado de las Cortes a Madrid perjudicó a los liberales que ya tenían su centro en Cádiz. El revés electoral les dejaba poco margen de maniobra y al inaugurar las sesiones, el 15 de enero de 1814, consideraban a este organismo más como un consejo eclesiástico, que como una cámara. El canónigo de la catedral de Puebla fue designado presidente de la asamblea. A espaldas de este órgano, Fernando VII convenía con Napoleón su regreso a España como monarca legítimo. El apoyo popular que recibió al entrar en el reino preocupó hondamente a los liberales. Y no era para menos. Firmado por sesenta y nueve diputados, el llamado "manifiesto de los persas" pedía la restitución del poder absoluto del monarca, la disolución de las Cortes surgidas con la revolución de independencia y el regreso a las "Cortes históricas" conformadas por estamentos.[ 22 ]

El 4 de mayo Fernando VII derogó la Constitución y disolvió las Cortes, y en los días siguientes se realizaron las aprehensiones de los diputados liberales: Argüelles, Muñoz, Torrero, Álvarez Guerra, Calatrava, Martínez de la Rosa, O'Donojú y los americanos Larrazabal y Ramos Arizpe.[ 23 ]

La restauración del absolutismo, 1814-1820

Para muchos, el regreso del absolutismo monárquico ofrecía una mayor esperanza de restablecer el control de las posesiones en ultramar. Se pensaba que acabarían los desatinos y las políticas contradictorias que con respecto a los asuntos de Indias existieron durante el régimen liberal. Martínez de la Rosa, viendo las cosas en retrospectiva, pensaba que el regreso de Fernando VII representaba el mejor momento para devolver las colonias al poderío español, pero éste, abusando de nuevo del poder perdió la oportunidad de lograrlo: la convocatoria a nuevas Cortes quedó en promesa, mientras que sus antiguos integrantes fueron perseguidos, aun los que venían de ultramar y que más respeto se habían granjeado.[ 24 ] Para Martínez de la Rosa las colonias se habían sublevado al faltar la figura que representaba la soberanía nacional. En este juicio no falta la actitud un tanto desdeñosa, tan común en conservadores como en liberales españoles, con respecto a los países americanos:

Habría bastado quizá, para proporcionar la reconciliación apetecida, presentarles el contraste de su lamentable situación con el aspecto que hubiera ofrecido España, próspera y feliz, bajo el cetro de su monarca y a la sombra de instituciones tutelares.[ 25 ]

Esto, y la mediación de las potencias extranjeras, hubiera sido suficiente, pero:

efectos de su errada política, así dentro como fuera del reino, fue perder el puesto que correspondía a España entre las naciones y colocarla en tal situación que dificultaba más y más prevalerse del influjo de otras potencias, para arreglar de un modo conveniente y decoroso la grave cuestión de las colonias. Todo concurrió, pues, a no dejar al gobierno español sino un solo camino: apelar a la fuerza, ni tenía otros medios de qué disponer ni podía prescindir de emplear el único que se le presentaba. El régimen absoluto en España traía como consecuencia necesaria restablecer a toda costa la antigua dominación de las colonias.[ 26 ]

La pacificación se convirtió en la palabra clave. En 1815 se embarcaron hacia las provincias rebeldes diecisiete mil hombres, lo que significaba un número mayor que el total de los cinco años anteriores.[ 27 ]

Pero la falta de recursos fue desinflando esta política y en los años siguientes disminuyeron considerablemente los contingentes con rumbo americano. Es común reducir la preferencia de Fernando VII a esta política dado su carácter de monarca absoluto (como lo dice Martínez de la Rosa), pero hay que entender que al finalizar la guerra de independencia española quedó un ejército importante que había que licenciar o mantener en activo, por tanto una solución adecuada era mandar expediciones al nuevo continente, a pesar de lo ineficaz que había resultado porque, en un dominio tan vasto, tan pronto se lograba la pacificación en un lugar brotaba la rebelión en otro. En 1819 se logró reunir en Cádiz alrededor de catorce mil hombres para la reconquista de Buenos Aires. Fue ahí que los liberales lograron la insurrección del ejército y Rafael de Riego tomó la bandera de la restauración constitucional, y daba un golpe de Estado al absolutismo. El rey se vio obligado a jurar la misma Constitución que seis años antes había repudiado. Atinadamente, señala el granadino: "como si hubiera querido la suerte mofarse de los cálculos de la política, el ejército, destinado a someter una colonia sublevada, fue el que dio impulso en España para una nueva revolución".[ 28 ]

El trienio liberal, 1820-1823

Las nuevas Cortes se instalaron en julio de 1820. Se puede afirmar que aquí se inició el proceso que habría de dividir al liberalismo en dos corrientes: los radicales y los moderados, estos últimos eran hombres de fortuna y posición social; la mayoría había estado exiliada o presa desde 1814, eran los llamados "doceañistas" que, apaciguados sus ímpetus por el exilio o la cárcel, comenzaban a ver en la Constitución de 1812 un experimento, y como tal imperfecto y sujeto a revisión, para poder lograr el equilibrio entre orden y libertad. Esto sería posible a través de una segunda cámara y de un poder ejecutivo con mayores atribuciones. Los radicales por su parte consideraban que la Constitución era intocable y que el rey conspiraba en contra de ella. Así, los moderados quedaban entre ambos extremos. Un caso típico fue Martínez de la Rosa quien regresó del exilio en 1820 como candidato a una curul, y más adelante presidió el gobierno en 1822.

Con la vuelta al constitucionalismo se intentó variar la política hacia América. Se difundieron proclamas pacifistas y se hizo la convocatoria de representantes a Cortes, aun en las provincias que habían declarado la independencia. Para ese momento (1820), Nueva España había sido totalmente pacificada gracias al genio militar de Calleja y al afán conciliador de su sucesor, el virrey Apodaca. Los diputados mexicanos habían logrado que un liberal, el teniente general Juan O'Donojú, fuera enviado como capitán general de la Nueva España y jefe político superior de México.[ 29 ] Los nombres que más influyeron en esta propuesta fueron Michelena y Ramos Arizpe, este último muy amigo de O'Donojú.[ 30 ] Cuando llegó, el futuro del país ya se había decidido y éste no hizo más que reconocerlo al firmar con Iturbide los Tratados de Córdoba.

Las elecciones para Cortes se realizaron en América, y por Nueva España fueron electos, entre los más importantes, José Mariano Michelena, Manuel Gómez Pedraza, Francisco Molinos del Campo, Francisco Fagoaga, Lorenzo de Zavala, Pablo de la Llave, Miguel Ramos Arizpe y Lucas Alamán. En Madrid, ya iniciadas las sesiones, la olvidada América volvía a la palestra cuando, ante la sorpresa de todos, el ministro de Ultramar anunciaba el 4 de junio de 1821 que Agustín de Iturbide había abandonado la causa realista en Nueva España y se había unido a los insurgentes. Fue doble la sorpresa porque esa provincia se encontraba pacificada, y por la traición de un jefe realista tan experimentado y que se tenía ahora por un "temible enemigo". Martínez de la Rosa se muestra dolido por la actitud de O'Donojú, quien, como él, había sufrido la prisión cuando Fernando VII disolvió las Cortes en 1814, se trataba pues, de un compañero de partido:

El concepto que se tenía en España de aquel jefe, y las esperanzas que se habían concebido con el restablecimiento del nuevo régimen, dieron margen a que fuese mayor la sorpresa y desabrimiento que causó la propuesta de que renunciase España a la más rica comarca de cuantas estaban sujetas a su dominación en el Nuevo Mundo, si bien erigiéndose allá un tronco, que había de ocupar uno de los hermanos del actual monarca.[ 31 ]

Paralelamente a estos sucesos, y aprovechándose de ellos, los diputados novohispanos proponían la autonomía de América. Este proyecto fue redactado por Alamán. Se pedía la formación de tres secciones de Cortes en el continente (una para Nueva España y América Central, otra para la Nueva Granada y la Tierra Firme, y otra para Perú, Buenos Aires y Chile). Estas nuevas asambleas tendrían plenas facultades legislativas en sus respectivos territorios. El poder ejecutivo residiría en una delegación encabezada por una persona designada por el rey, sin que quedaran excluidos los miembros de la familia real. Se alegaba, y con razón, lo inútil de decidir en Madrid los asuntos mexicanos, que en esa ciudad ni se conocían, derechos cívicos iguales para americanos y españoles y libertad de comercio a cambio de contribuir al pago de la deuda de la Corona. El poder ejecutivo sería nombrado por el rey.[ 32 ] Al leerse esta proposición el 25 de junio, los diputados españoles no sólo la desaprobaron, hubo alguno que incluso pidió el encarcelamiento de los firmantes.[ 33 ] Las Cortes, antes de clausurar sesiones, sólo lograron ponerse de acuerdo en apresurar al ejecutivo para que tomara decisiones acerca de las cuestiones americanas.

Las Cortes extraordinarias se inauguraron el 28 de septiembre de 1821, el mismo día en que se firmó en México el acta de independencia. Lucas Alamán fue nombrado secretario de las sesiones. Retrospectivamente, éste dirá que ese órgano tenía tantas atribuciones que se discutía hasta el color con que debían pintarse las camas de un hospital.[ 34 ] Ni el gobierno decidía nada ni las Cortes se ponían de acuerdo en las medidas pertinentes para tan delicada cuestión. No se sabía qué respuesta dar a los Tratados de Córdoba y al Plan de Iguala ni tampoco se aceptaban las propuestas hechas por los diputados mexicanos. Se le daba vuelta al asunto concediendo reformas ya existentes; la palabra "reconocimiento" era tabú a pesar de estar en la mente de todos.

Finalmente, el 13 de febrero de 1822 las Cortes extraordinarias declararon nulos los Tratados de Córdoba, y por tanto la independencia de México. Pocos días después, Martínez de la Rosa encabezaba el gobierno, sin poder resolver nada; y poco podía hacer pues la inestabilidad política causada por unas Cortes divididas y un rey receloso se lo impedían: sólo duró cuatro meses en el gobierno y éstos fueron bastante agitados.[ 35 ] El 8 de marzo el presidente norteamericano se pronunciaba a favor de los nuevos Estados americanos.[ 36 ] Gran Bretaña, antes de tomar una decisión similar, concertó una entrevista entre su ministro de Relaciones Exteriores, marqués de Londonderry, y el ministro español Luis de Onís. En Londres, el marqués instó a Onís para que su gobierno diera el reconocimiento, y en particular, aceptara el Plan de Iguala. A manera de advertencia, Londonderry dijo que la opinión pública en su país era muy favorable a los nuevos Estados, y era difícil ir en contra.[ 37 ] En pocas palabras, los ingleses sugerían a España tomar el toro por los cuernos, dar el reconocimiento antes que otros países, incluyendo Gran Bretaña, lo hicieran, esto como la única opción que tenía España para mantener cierto control sobre sus posesiones ultramarinas. La respuesta española se limitó a señalar que las diferencias entre la metrópoli y sus colonias era asunto interno de la monarquía y no competía a ningún otro país; además, el rey había decidido acercarse a los rebeldes y tratar con ellos una tregua, de ahí lo inadecuado que resultaría un reconocimiento por parte de otros gobiernos.[ 38 ] Es muy posible que Onís y Martínez de la Rosa tuvieran una opinión similar acerca de este asunto, pero para el primero era más fácil manifestarlo desde la próspera Inglaterra, ávida de entrar por la puerta grande al comercio con América, mientras que el segundo estaba sujeto a los caprichos de un rey y de una opinión siempre adversos. Onís aconsejaba otorgar el reconocimiento para evitar que las pocas provincias leales (Cuba y Puerto Rico) se contagiaran de la misma enfermedad.[ 39 ] Martínez de la Rosa, por su parte, reconocía que era más fácil otorgar el reconocimiento y después sacar los mayores provechos posibles, pero:

después de un maduro examen, hubo de convencerse de que sería inoportuno, y tal vez produciría un efecto contrario, tocar el punto capital de la independencia, pues se habría de topar con obstáculos insuperables, no sólo en el palacio mismo del monarca, sino en la opinión pública, no preparada todavía para un paso tan decisivo.[ 40 ]

El granadino no exageraba en esta apreciación, pues la sola palabra independencia provocaba las más airadas reacciones. Ya he señalado la respuesta de algunos diputados pidiendo el encarcelamiento de sus colegas americanos. El liberal español Antonio Alcalá Galiano defendía el reconocimiento, y al pronunciar un discurso en Cádiz (1820) en ese tenor, estuvo a punto de perder la vida cuando se le desafió a duelo con pistola por hacer tales propuestas.[ 41 ] Personas como Martínez de la Rosa y Alcalá Galiano se enfrentaban a un rey obsesionado por la unidad de la monarquía, por un lado, y, por el otro, la opinión pública no estaba dispuesta a reconocer tamaña derrota al honor español, refugiándose en prejuicios como señalar que las rebeliones eran fomentadas por una minoría, mientras que el grueso de la población deseaba seguir perteneciendo a la madre patria.[ 42 ] Además existía una falta de información absoluta de lo que eran las posesiones en América, y los distintos gobiernos difícilmente querían tratar el asunto, siempre tan penoso: un diputado se quejaba de que los ministros callaban lo relativo a estas cuestiones y decía que se sabía más en las tabernas de Londres que en el Congreso de España.[ 43 ]

Alamán, como otros autores, se refiere en varias ocasiones a la falta de información que se tenía de las colonias, de ahí lo absurdo que era tomar decisiones en esas circunstancias: el mayor opositor a las ideas de Alcalá Galiano, Agustín Argüelles "confesaba frecuentemente que se hallaba embarazado para hablar sobre asuntos de América, por falta de conocimientos".[ 44 ]

Alamán aseguraba que al no aceptar el Plan de Iguala, España perdía definitivamente la más rica de sus colonias, a pesar de la opinión tan favorable que existía en México, sobre todo de las clases altas:

la opinión de toda la gente sensata de México era favorable: aún permanecían en el territorio mexicano ocho mil hombres de tropas expedicionarias, sobre cuya fidelidad a un infante de España no podía dudase, las cuales hubieran sido un firme apoyo de la monarquía [...] la España, contribuyendo a la formación del nuevo imperio, cediendo para ocupar su trono alguno de sus príncipes, no sólo hubiera disfrutado las ventajas políticas y comerciales que los mexicanos estaban prontos a concederle, sino que hubiera sacado otra de mayor importancia todavía, que habría sido la de asegurar y afirmar de este modo su dominio en la isla de Cuba.[ 45 ]

Martínez de la Rosa, más discreto en el tono, afirmaba:

mas siempre es de lamentar que no se hubiese tentado si era posible establecer a los infantes de España en algunas regiones de América donde (como después se ha visto) estaban muy arraigados los hábitos de la monarquía, y ha sido menester emplear tantos esfuerzos para hacer olvidar a los pueblos la dominación española.[ 46 ]

Considera que el primero en no aceptar tal cosa era Fernando VII, quien todavía pensaba en una reconquista, y así reasumir el concepto divino de la unificación monárquica.

La década ominosa, 1823-1833

En 1823, la Santa Alianza (especialmente Francia) vino en auxilio del rey hispano con un ejército de cien mil hombres (los Cien Mil hijos de San Luis) y lo restablecieron en su poder absoluto. De la misma manera, ¿por qué no hacerlo extensivo a América? [ 47 ] Esta sola idea puso en alerta a Gran Bretaña y a Estados Unidos que, incluso, llegaron a pensar en una declaración conjunta en contra de tamaña pretensión. Finalmente procedieron cada uno por su cuenta: el gabinete de Saint James aclaró su postura asentando que una reconquista en América era imposible. Por su parte el presidente estadounidense Monroe lanzó su advertencia contra cualquier intervención europea en el continente.

El 9 de diciembre de 1824 se desvanecía la última esperanza del gobierno español cuando Sucre, lugarteniente de Bolívar, derrotó a las tropas del rey en Ayacucho. No obstante, Fernando VII seguiría fiel a su idea, planeando expediciones propias ante la imposibilidad de contar con la ayuda extranjera; una corte corrupta que sólo decía lo que el rey quería oír, fomentaba sus ilusiones. En México, al consumarse la independencia, la actitud hostil del gobierno español contribuyó en gran medida a la reciprocidad contra sus residentes en México. El Plan de Iguala establecía la unión entre americanos y peninsulares, pero éste fue rechazado por España. Por otro lado, la cercanía de Cuba hacía temer que la isla se tomara como base por una expedición de reconquista; de hecho proporcionó armas y alimentos a la guardia de San Juan de Ulúa, de 1823 a 1825 en que finalmente se rindió. Esta fortaleza se consideró el último reducto del poder español en México, y entre sus habitantes se volvió obsesión el recuperarlo. Estas actitudes en nada favorecían la tranquilidad de los españoles en México, y mucho menos lo eran para normalizar las relaciones entre los dos países, en el momento en que una comisión especial se encontraba en México con ese propósito.[ 48 ] Alamán, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, exigía la devolución incondicional y sólo con base en esto se podían iniciar negociaciones para un tratado de comercio.[ 49 ] Finalmente, en 1825 la guarnición se rindió sin que se hubiera llegado a ningún acuerdo.

Fieles a los deseos de su rey, el 28 de octubre de 1828 el consejo de ministros de Fernando VII tomó la decisión de intentar la reconquista de México. Se encargaba de su ejecución al brigadier Isidro Barradas.[ 50 ] La expedición fracasó, pues éste confió demasiado en que la gran masa del pueblo se uniría gustosa a las filas de su majestad, en vista del desastre por el que pasaba el país. El 11 de septiembre de 1829 se firmó la rendición. Cuando el año siguiente Alamán volvió a encargarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores se refería a este fallido intento como una muestra de lo irreversible de la independencia: "el gobierno [ibero] debe estar convencido, aunque a su pesar, de estas verdades, a consecuencia del desaire de sus pabellones en Tampico".[ 51 ] En esa misma nota concluía que México debía procurar el reconocimiento del gobierno de Madrid.

Aunque se temía todavía un segundo intento de reconquista, todos estos temores acabaron con el cambio de gobierno en Francia. El reinado de los Borbón terminó en 1830 con la caída de Carlos X y el ascenso de la Casa de Orleáns con Luis Felipe I. Estos hechos inquietaron al soberano español, más preocupado por su futuro en Europa que por la restauración de su perdido imperio. Por ello, todos los rumores e informes de invasiones o futuros preparativos después de julio de 1830 no tenían base real alguna. Bruscamente, y sin previo aviso, Fernando VII y su devoto Ministerio de Guerra alteraron su política hostil hacia sus ex colonias hasta el momento en que pudiera considerar suficientemente seguro su trono como para permitir que sus consejeros militares se ocuparan nuevamente de los designios imperiales de su rey.[ 52 ] Tal vez fue hasta ese momento que Fernando buscó otra solución al problema de lo que consideraba todavía como "provincias rebeldes".

El ministro de México ante el gobierno británico, Manuel Eduardo de Gorostiza, tuvo una conversación con un antiguo colaborador de Fernando VII, el conde de Puño en Rostro, y según esto, el rey estaba dispuesto a reconocer la independencia de México, solamente si éste se constituía en monarquía y mandaba llamar a su hija a reinar, en pocas palabras, sacaba del armario el plan borbónico rechazado sucesivamente por el monarca y por las Cortes. Alamán se mostraba asombrado de esa propuesta desechada por España hacía once años. En su momento pudo haber sido la mejor solución, pero la necesidad y la ignorancia de esa nación lo había echado todo a perder. Resulta de gran interés la conclusión del político mexicano, quien consideraba que el asunto del reconocimiento era de mayor relevancia para España que para México, en otras palabras, en once años las cosas habían dado un giro de 360 grados:

Difícilmente se encontrará en la historia un gobierno que menos conozca sus intereses, el Espíritu del Siglo en que vive y los progresos de los demás como el español, que cree hacer toda la felicidad de sus súbditos haciendo valer derechos soñados que el tiempo, los sucesos y su misma terquedad han hecho desaparecer enteramente. Así es que después de once años se le oye por la primera vez hablar del Tratado de Córdoba que el mismo gobierno escuchó con indignación en su época, declarando traidor al general que, obteniéndolo de los mexicanos, pensó hacer el mayor servicio a su país atendidas las circunstancias críticas de que se vio rodeado. La impotencia de sus posteriores esfuerzos ha hecho que el gobierno español oiga sin escándalo la palabra independencia y aunque pase aún mucho tiempo, acaso llegará el día en que desengañado de la imposibilidad de conseguir nada por medio de intrigas innobles que desprecian los mexicanos todos, reconocerá sin condición alguna la misma Independencia, paso que por más que digan [representa] una ventaja positiva para los españoles, mientras para nosotros envuelve menor importancia.[ 53 ]

La historia del reconocimiento le daría la razón al mexicano, pues el gobierno español fue quien inició las negociaciones; pero tuvo que morir el monarca para que un año después Martínez de la Rosa iniciara el acercamiento entre la península y sus antiguas posesiones, pero esto será motivo de otra investigación.

Conclusiones

Las opiniones políticas de Alamán no son las mismas como diputado a Cortes y ministro de Relaciones Exteriores que como historiador. Como representante novohispano apoyó un plan autonomista para su patria y como ministro defendió la independencia y criticó la intransigencia y cerrazón del gobierno español. Pero si actuó de esa manera no se debió sólo a que cumplía con los deberes de un representante popular o de un funcionario público; más bien las circunstancias eran diferentes, el logro de la independencia y su consolidación iluminó a los mejores espíritus de la época y una opinión contraria era descabellada e insensata en esos primeros años de vida independiente. Por el contrario, cuando comenzó a publicar su Historia de México las circunstancias del país eran diferentes. El fracaso del país era evidente y ello agitó a muchas conciencias. Esta desazón lo llevó, al mediar el siglo, a una reivindicación del pasado colonial, y por tanto, a variar posturas que en el pasado había tenido con respecto a la independencia. Como historiador no tenía que hablar por nadie ni en representación de nadie, sólo de sí mismo.

Por su parte, Martínez de la Rosa se vio impedido de actuar con libertad como jefe de gobierno frente a un rey y a una opinión pública contraria a la normalización de relaciones entre España y sus ex colonias.

El mexicano y el español son buenos ejemplos de políticas conciliadoras que las difíciles circunstancias por las que pasaron en su actividad pública les impidieron expresar abiertamente. En cambio, como historiadores tienen un rango de acción infinitamente más amplio que el estrecho sendero que les deparaba la política. En la historia realizan todo aquello que la política les impidió, les bloqueó, les obstaculizó. La ingratitud que encuentran en la vida pública les fue compensada generosamente por Clío.